IMAGEN: "co-dependent_co-dependiente_jmrg®" (Flickr)Sostiene el muy maniqueo Aloysius que existen leyes buenas y malas. Leyes malas, malísimas, fueron el apartheid sudafricano de 1948, la solución final del nazismo para los judíos y también aquellas otras que segregaban a los individuos de color en los estados sureños de Norteamerica. Mucha sangre corrió desde entonces, incluyendo la del malogrado Martin Luther King. Leyes buenas, grosso modo, son todas aquellas que salvaguardan los derechos individuales y colectivos. Pero, ocurre que en la práctica los problemas son intrínsecos a la interpretación de las propias leyes, siempre y cuando no se actúe con malicia, sobre todo considerando las lógicas limitaciones que afectan a los legisladores y a los jueces, como seres humanos que son. En democracia, las leyes malas se modifican o se depuran, según la voluntad popular. Pero, a la vez, lo menos deseable para una ley buena es que se convierta en neutra, porque se tenga que enfrentar a dificultades prácticas que impidan la consecución de los objetivos propuestos.
En los últimos días, he leído con cierta intranquilidad en los medios de comunicación especializados ciertas dudas y objecciones generadas precisamente por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en España. Una de las primeras tareas que se ha propuesto Dña Mercedes Cabrera, responsable del heterogéneo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte es adelantar la revisión de dicha norma, prevista en principio para el año 2009. La aplicación de la misma está resultando demasiado compleja, la dotación presupuestaria con la que vio la luz fue claramente insuficiente, y a la gresca andan, como ya es habitual, unas Comunidades Autónomas con otras. Unilateralmente se reunieron el pasado 15 de mayo los responsables autonómicos de las comunidades gobernadas por el PSOE (Galicia inclusive), dejando fuera a los del PP, bajo el pretexto de no querer adaptarse a la norma. De la norma a la horma hay un breve paso ortográfico, pero en la vida cotidiana de todos aquellos ciudadanos españoles que esperan, como agua de mayo, las ayudas prometidas para auxiliar a sus parientes dependientes, ese paso se está conviertiendo en la travesía del desierto.
Mientras los médicos de familia y los trabajadores sociales se quejan porque cada vez se encuentran más enredeados en una maraña burocrática repleta de informes y contrainformes, ya empiezan a hacerse sentir ciertas voces expertas alertando sobre el anquilosamiento de la situación. Sin ir más lejos, el Dr. Pedro Gil, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se muestra muy preocupado por la lentísima y pobre asignación de recursos. Él le echa la culpa a las pendencias políticas. No comprende como un derecho sociosanitario básico se deja en manos de las veleidades partidistas de los gobernantes. Como no podía ser menos, para salir airosos de este impasse, reclama la implicación conjunta de gobierno, autonomías, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, de usuarios, de afectados, o como rayos se les quiera llamar. Para el Dr. Gil, antes de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, las ayudas se tramitaban con mayor agilidad. También desde el seno de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria se está reclamando la valoración justa y conjunta de la asistencia sanitaria y social, para mayor beneficio de los pacientes dependientes.
En los últimos días, he leído con cierta intranquilidad en los medios de comunicación especializados ciertas dudas y objecciones generadas precisamente por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en España. Una de las primeras tareas que se ha propuesto Dña Mercedes Cabrera, responsable del heterogéneo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte es adelantar la revisión de dicha norma, prevista en principio para el año 2009. La aplicación de la misma está resultando demasiado compleja, la dotación presupuestaria con la que vio la luz fue claramente insuficiente, y a la gresca andan, como ya es habitual, unas Comunidades Autónomas con otras. Unilateralmente se reunieron el pasado 15 de mayo los responsables autonómicos de las comunidades gobernadas por el PSOE (Galicia inclusive), dejando fuera a los del PP, bajo el pretexto de no querer adaptarse a la norma. De la norma a la horma hay un breve paso ortográfico, pero en la vida cotidiana de todos aquellos ciudadanos españoles que esperan, como agua de mayo, las ayudas prometidas para auxiliar a sus parientes dependientes, ese paso se está conviertiendo en la travesía del desierto.
Mientras los médicos de familia y los trabajadores sociales se quejan porque cada vez se encuentran más enredeados en una maraña burocrática repleta de informes y contrainformes, ya empiezan a hacerse sentir ciertas voces expertas alertando sobre el anquilosamiento de la situación. Sin ir más lejos, el Dr. Pedro Gil, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se muestra muy preocupado por la lentísima y pobre asignación de recursos. Él le echa la culpa a las pendencias políticas. No comprende como un derecho sociosanitario básico se deja en manos de las veleidades partidistas de los gobernantes. Como no podía ser menos, para salir airosos de este impasse, reclama la implicación conjunta de gobierno, autonomías, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, de usuarios, de afectados, o como rayos se les quiera llamar. Para el Dr. Gil, antes de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, las ayudas se tramitaban con mayor agilidad. También desde el seno de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria se está reclamando la valoración justa y conjunta de la asistencia sanitaria y social, para mayor beneficio de los pacientes dependientes.
La última chapuza: el presupuesto de la Ley de Dependencia fue establecido en base al censo de dependientes de 1999. ¡En el 2008, estas cifras se han duplicado!.
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/politica_sanitaria/es/desarrollo/1126991.html
Mientras está a punto de abrirse el suculento melón de la financiación sanitaria, algunos abogan porque el reparto de estos recursos económicos se haga por criterios de población, no sólo teniendo en cuenta el número total de habitantes, sino también factores como el incremento poblacional (flujos migratorios) y el porcentaje de ciudadanos mayores de 65 años. Con todos los prójimos dependientes que tenemos en Galicia y en Ourense, llegada la hora del reparto esperamos de nuestros gobernantes una excepcional defensa Siciliana. O numantina…
Mientras está a punto de abrirse el suculento melón de la financiación sanitaria, algunos abogan porque el reparto de estos recursos económicos se haga por criterios de población, no sólo teniendo en cuenta el número total de habitantes, sino también factores como el incremento poblacional (flujos migratorios) y el porcentaje de ciudadanos mayores de 65 años. Con todos los prójimos dependientes que tenemos en Galicia y en Ourense, llegada la hora del reparto esperamos de nuestros gobernantes una excepcional defensa Siciliana. O numantina…
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