Quizás haya sido excesiva la polvareda levantada en estos días respecto a la donación de 320 millones de euros realizada por la Fundación Amancio Ortega para adquirir mamógrafos y aceleradores lineales destinados a la lucha contra el cáncer en España.
Profundizando un poco más en estas cuestiones, la legislación española define como fundaciones a todas aquellas organizaciones constituidas sin afán de lucro, de carácter privado y con un patrimonio vinculado a fines de interés general.
De la misma manera, los fines de interés general incluyen la solidaridad y la colaboración con el progreso de la sociedad. Así podríamos entender que determinados ciudadanos quieran devolver a la comunidad, de manera voluntaria, parte de los beneficios obtenidos de la misma y las fundaciones resultan un vehículo propicio para ello. Casos ha habido en este país (y seguirá habiendo) de mecenazgo religioso, artístico, científico y cultural.
¿Y por qué no también sanitario? Una de las primeras lecciones que se aprenden en cualquier master sobre gestión sanitaria es que los recursos son finitos, limitados. La idea que se fundamenta en que el Estado, a través de sus Presupuestos Generales, debería financiar en exclusiva la sanidad pública resulta muy aceptable, pero desafortunadamente se topa con la dura realidad.
Grosso modo, la financiación estatal se nutre a partir de:
1º/ impuestos directos, como el que grava la renta de las personas físicas o a los beneficios empresariales, esa deducción que nuestra empresa realiza cada mes en nuestro salario en nombre del gobierno nacional.
2º/ impuestos indirectos, como el popular impuesto sobre el valor añadido o IVA,
3º/ impuestos indirectos especiales, como aquellas imposiciones adicionales sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina y dentro de poco también sobre las bebidas azucaradas,
4º/ las tasas y cobros que el gobierno recauda por determinados servicios o gestiones que nos presta, como las abonadas al obtener el carnet de identidad o el de conducir,
5º/ transferencias corrientes, como los ingresos recibidos de los organismos públicos y de las empresas estatales,
6º/ los ingresos patrimoniales, como los intereses de títulos, depósitos y valores, los alquileres de edificios estatales y los dividendos del Banco de España.
Insistimos, recursos condicionados y realmente insuficientes. Desde el año 1989, la asistencia sanitaria en España es universal y financiada a través de impuestos. Según la Ley de cohesión y calidad de Sistema Nacional de Salud son las comunidades autonómicas la encargadas de financiar la Sanidad Pública de conformidad con los acuerdos de transferencias firmados en materia sanitaria.
No debemos olvidar que la donación de los dichosos 320 millones son para el Sistema Nacional de Salud, aceptados por Comunidades Autónomas de signo político diverso (que son las que van a gestionar el reparto), aplaudidas por las asociaciones de pacientes y la gran mayoría de los profesionales, y que, si bien resulta cierto que el Sr. Ortega se ahorra 96 millones en la declaración de la renta, su aportación real le cuesta 224 millones de euros. Si es mucho o poco es otro cantar. La Fundación Bill y Melinda Gates donó 750 millones de dólares en 2012 para luchar contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis pulmonar. No hubo objeciones.
Quizás en España necesitemos actualizar el marco normativo para regular el mecenazgo, como existe ya desde hace décadas en los países anglosajones.
Con o sin ley de mecenazgo, no parecería prudente rechazar, por poner unos ejemplos, el dinero recaudado en maratones televisivos para tratar determinadas enfermedades, las aportaciones de algunas funciones particulares a favor de trasplantes y terapias oncológicas infantiles o el peculio obtenido de la recogida de millones de humildes tapones de plástico que pueden garantizar el tratamiento de un pequeño con una rara enfermedad allí donde mejor puedan proporcionárselo.
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