El próximo 26 de octubre está prevista la celebración del Día del Daño Cerebral Adquirido (DCA), una enfermedad que en España afecta a unos 420000 prójimos, pacientes que sufren las consecuencias provocadas fundamentalmente por accidentes vasculares cerebrales, traumatismos craneoencefálicos o tumores cerebrales, aunque también en menor medida por infecciones (encefalitis y meningitis) o casos de hipoxia o anoxia cerebrales que impiden la correcta oxigenación de unas estructuras neurológicas tan sensibles, tal y como puede ocurrir en las sobredosis por drogas, en casos de inhalación de humo y en otras situaciones de asfixia. Pacientes y familiares, por supuesto, pues estamos hablando de una patología que no solamente afecta al individuo, sino que reparte su carga en su entorno de cuidadores, en la mayoría de las ocasiones los seres queridos más cercanos. Unos y otros continúan reclamando a las diferentes administraciones sanitarias un mayor acceso a los recursos rehabilitadores, condición necesaria e indispensable para conseguir el máximo de recuperación posible en cada caso. Sin rehabilitación no existirá una autonomía personal plena.
El DCA representa una de las principales causas de discapacidad. Aun así, tenemos a veces la sensación de que pasa desapercibido para la sociedad. Hasta que nos golpea de pleno. Y el envejecimiento poblacional, habitual en nuestra provincia, influye de manera notable en la prevalencia de esta enfermedad.
Para que nos demos cuenta de la magnitud de este problema social y sanitario, repasemos por un momento la lista de profesionales implicados en su diagnóstico, tratamiento y cuidados. Además del médico de familia y de los especialistas en neurología, los médicos rehabilitadores desempeñan un papel esencial. El trabajo de los fisioterapeutas se desarrollará durante largas y quizás penosas jornadas, en una suerte de entrenamiento físico y psicológico destinado a conseguir el máximo rendimiento y beneficio posibles para estos enfermos. Sin duda alguna, también deberán entrar en acción los equipos formados por logopedas, neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales. Y, por supuesto, los trabajadores sociales, siempre atentos para facilitar el acceso a los recursos disponibles dentro de su vasto campo de actuación.
En el año 2010. el Doctor Javier Mar, entonces jefe de la Unidad de gestión sanitaria del Hospital Alto Deba, de Guipuzcoa, publicó los datos de un estudio sobre la carga laboral del DCA y las necesidades de planificación de los servicios sociosanitarios. Para este especialista, el coste anual por afectado alcanzaba los 21000 euros, cantidad que probablemente a día de hoy resulte ya insuficiente. realizando una sencilla multiplicación, estimamos que el gasto sanitario anual de esta patología supone para España alrededor de unos 8400 millones de euros, una cifra nada desdeñable.
Para ir empezando, y teniendo en cuenta que los ictus suponen alrededor del 50% de todos los casos de DCA, unos 200000 en nuestro país, no estaría nada mal que los responsables sanitarios fueran pensando en unidades específicas y multidisciplinares para el abordaje de esta patología. Pacientes, familiares, asociaciones, profesionales y la sociedad en general lo venimos demandando de hace tiempo, así como una mayor coordinación entre los servicios de salud para garantizar una atención equitativa de los afectados en todo el territorio nacional. Y además, se lo agradeceremos, pues ninguno de nosotros está libre de padecer un DCA.
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