Cada día resulta más complicado
debatir, en el seno de una sociedad que avanza hacia la medicalización más
absoluta, cuestiones relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades.
Y es que detrás de cada cifra aséptica (dosis, precio del fármaco,
tasa de remisión, número de pacientes que es necesario tratar, etc) se
encuentra un ser humano enfermo y una familia que sufre.
Es cierto que desde hace
años las voces de los expertos, independientemente de su color político, nos
alertan sobre la difícil sostenibilidad de los sistemas sanitarios. El informe
Abril, análisis del sistema público español, se redactó en 1991 impulsado por
el gobierno socialista de Felipe González. Ya entonces no avisaba de lo que ha
ido ocurriendo en los años posteriores, al ser limitados los recursos e ingente
la demanda.
La sanidad española se enfrenta
a una cruda realidad: el número de pacientes afectados por la hepatitis C se
aproxima al medio millón de prójimos. Se trata de una patología causada por un
virus que puede persistir de manera crónica en el 85% de los pacientes
infectados, pudiendo provocar cirrosis y cáncer hepático. Como en otras
enfermedades de contaminación predominantemente sanguínea, muchos de los
afectados recibieron antes de 1992 transfusiones o transplantes infectados por
el virus. Para complicar todavía más la cuestión, existen 7 genotipos
diferentes de este virus, cada uno dividido en diversos subtipos.
En su forma crónica, no existe
cura espontánea de la enfermedad. Pero sí se han desarrollado fármacos que
permiten la curación del 50 – 80% de los pacientes, gracias a la asociación de
interferón subcutáneo y ribavirina por vía oral.
En 2012, se introdujeron otros
dos fármacos que mejoraron los porcentajes de curación como complemento de esta
doble terapia. Se trata del telaprevir y el boceprevir, dos antivíricos con
similar mecanismo de actuación, cuya administración depende de criterios médicos
muy concretos, según el genotipo del virus, el grado evolutivo de la enfermedad
y el tipo de paciente.
En 2014, la Agencia Europea del Medicamento aprobó el
uso de sofosbuvir, también asociado a interferon y ribavirina, pero con un
precio excepcionalmente elevado (aproximadamente 60000 euros por paciente para
24 semanas de tratamiento). Este coste ha desatado encendidas controversias a
nivel mundial, no solamente en España. Por razones obvias, los estudios son
todavía muy limitados pero, a pesar de ello, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios ha reconocido que el sofosbuvir presenta un
valor añadido como tratamiento en determinados estadios clínicos de la
enfermedad, con un buen perfil de seguridad y una duración menor de la terapia.
Todavía existen varias preguntas
sin responder: ¿por qué el precio del sofosbuvir es desorbitadamente elevado si
su síntesis no es ni más complicada ni más costosa que la de otros fármacos
similares? Considerando que la empresa farmacéutica que monopoliza su fabricación
hasta 2029 desembolsó 8800 millones de euros por una patente que nunca investigó
¿podríamos estar ante un caso de descarada especulación económica?
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