Me cae bien Enrique Múgica Herzog. Tiene sentido de Estado y una mentalidad abierta que le permite rebasar a otros estadistas, pilotos de naves lastradas por caducas ideologías todavía entretenidas en la contraposición entre derecha e izquierda (o viceversa). Encima, este caballero no despierta sospechas, pues es hijo de madre judía, estuvo preso varias veces en las cárceles franquistas y su hermano Fernando fue asesinado por ETA. Ha sido y es Defensor del Pueblo, con gobiernos del PP y del PSOE. Una rara avis política en claro peligro de extinción.
Termina de pasarme el fiel Aloysius un resumen de su último informe. Muy diligente, se ha tomado la molestia de marcar con rotulador fucsia fosforito lo más importante respecto a la sanidad española. Resulta que los usuarios de nuestro sistema sanitario (enfermos, pacientes, familiares y allegados) continúan quejándose de la falta de información y de su nula participación en las decisiones gestoras, a pesar de que exista ya una cierta mejoría en las listas de espera. No sé si este alivio en la demora asistencial es real (por los denodados esfuerzos de los diferentes servicios de salud) o ficticia (porque la gente se ha aburrido de quejarse y ha dejado de enviarle estas reclamaciones al Sr. Múgica).
Lo cierto es que nuestro Defensor del Pueblo vuelve a tirar de las orejas a las autoridades sanitarias, porque en algunas Comunidades Autónomas se tarda demasiado a la hora de realizar determinadas pruebas diagnósticas, porque se realizan demasiadas cesáreas, porque la espera se hace insoportable para las parejas que demandan reproducción asistida o por el caos organizativo en muchos servicios de Urgencias.
Pide más atención para enfermedades emergentes como los trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia), la fibromialgia y la fatiga crónica. Exige más cuidado en el ámbito de la salud mental, mostrándose muy crítico respecto a las medidas destinadas a la rehabilitación y adaptación social de los enfermos mentales; ya se sabe, desde siempre los chalados, los alcohólicos y los drogadictos han sido y son enfermos incómodos para el sistema.
Postula la financiación pública destinada a los fármacos para el tratamiento de la obesidad mórbida. Resulta paradójico escuchar a las autoridades sanitarias alertando constantemente que la obesidad será la epidemia del siglo XXI y luego ellas mismas permiten que estas medicaciones se paguen a costa del bolsillo de cada prójimo: los pudientes, no problem, los desfavorecidos, se jo…roban.
Termina de pasarme el fiel Aloysius un resumen de su último informe. Muy diligente, se ha tomado la molestia de marcar con rotulador fucsia fosforito lo más importante respecto a la sanidad española. Resulta que los usuarios de nuestro sistema sanitario (enfermos, pacientes, familiares y allegados) continúan quejándose de la falta de información y de su nula participación en las decisiones gestoras, a pesar de que exista ya una cierta mejoría en las listas de espera. No sé si este alivio en la demora asistencial es real (por los denodados esfuerzos de los diferentes servicios de salud) o ficticia (porque la gente se ha aburrido de quejarse y ha dejado de enviarle estas reclamaciones al Sr. Múgica).
Lo cierto es que nuestro Defensor del Pueblo vuelve a tirar de las orejas a las autoridades sanitarias, porque en algunas Comunidades Autónomas se tarda demasiado a la hora de realizar determinadas pruebas diagnósticas, porque se realizan demasiadas cesáreas, porque la espera se hace insoportable para las parejas que demandan reproducción asistida o por el caos organizativo en muchos servicios de Urgencias.
Pide más atención para enfermedades emergentes como los trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia), la fibromialgia y la fatiga crónica. Exige más cuidado en el ámbito de la salud mental, mostrándose muy crítico respecto a las medidas destinadas a la rehabilitación y adaptación social de los enfermos mentales; ya se sabe, desde siempre los chalados, los alcohólicos y los drogadictos han sido y son enfermos incómodos para el sistema.
Postula la financiación pública destinada a los fármacos para el tratamiento de la obesidad mórbida. Resulta paradójico escuchar a las autoridades sanitarias alertando constantemente que la obesidad será la epidemia del siglo XXI y luego ellas mismas permiten que estas medicaciones se paguen a costa del bolsillo de cada prójimo: los pudientes, no problem, los desfavorecidos, se jo…roban.
Algo similar ocurre en el caso del tabaquismo, cuyo tratamiento tampoco es subvencionado por el erario público. Y es que en el mundo de la medicina a veces nos vemos sorprendidos por paradojas inconcebibles: mientras en España existen pacientes terminales que luchan activamente a favor de la eutanasia, en Nueva Zelanda acaban de desenchufar de su respirador artificial a una desgraciada enferma por no pagar la factura de la luz. Desconozco si allí existe la figura del defensor del pueblo (o del defensor del paciente). Si así fuera, deberían estarle cantando la haka a la muy mezquina compañía eléctrica, por si acaso de esta manera consiguen acojonarla un poco para que se comporte.
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