En criminología, la relación entre causas y efectos rara vez es tan lineal como quisiéramos. A menudo caemos en la tentación de establecer conexiones automáticas entre fenómenos, como por ejemplo el consumo de drogas y la comisión de delitos, sin analizar en profundidad los factores que realmente los sostienen.
Uno de los principios clave en el estudio de la causalidad es el siguiente: una relación entre dos variables solo puede considerarse causal si no desaparece al introducir una tercera variable previa que pueda explicar el vínculo.
Tomemos un ejemplo clásico. Numerosos estudios han mostrado que las personas que consumen drogas presentan mayores tasas de conducta delictiva. Esto podría llevarnos a concluir que el consumo de drogas causa el delito. Sin embargo, esta aparente relación puede ser espuria.
Cuando se introduce una tercera variable, como la pobreza estructural o la marginalización social, el panorama cambia. Estas condiciones previas aumentan tanto la probabilidad de consumir drogas como de involucrarse en actividades delictivas. Al considerar esta tercera variable, la supuesta relación directa entre drogas y delito se debilita o incluso desaparece.
En otras palabras, no es el consumo de drogas lo que causa el delito, sino que ambas conductas comparten una causa común más profunda: la exclusión, la falta de oportunidades, el abandono estructural. Esta tercera variable (la pobreza) es la verdadera causa, y su presencia invalida la relación directa entre A y B (drogas y delito).
Este ejemplo nos recuerda la importancia de no confundir correlación con causalidad, especialmente cuando de estas afirmaciones dependen políticas públicas, prácticas policiales o decisiones judiciales. Una sociedad que aspira a comprender y no solo a castigar debe mirar más allá de la superficie.
Porque muchas veces, lo que parece evidente, simplemente no lo es.
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